Logramos
uestro trabajo por el acceso a la justicia continuó con el acompañamiento y litigio de más de 70 casos durante 2021.
En algunos de ellos, hubo grandes avances significativos en los procesos de reparación integral y en términos de precedentes para evitar que casos similares se repitan. Entre estos, destacan:
Mónica
Por los problemas de salud que presentó su hija pocos días después de su nacimiento, Mónica solicitó una licencia especial por maternidad, pero se la negaron y perdió su trabajo. Presentó una queja por violaciones a sus derechos humanos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que, por primera vez, emitió una recomendación sobre temas de maternidad y trabajo que reconoce la violencia institucional de que fue víctima Mónica, así como el impedimento para vivir y disfrutar plenamente su maternidad. Después de un largo proceso, en abril de 2021 se le notificó la reincorporación a su puesto laboral.
Valeria e Ian
En 2019, les negaron un aborto y fueron acompañados por GIRE para acceder a una reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos. El 2 de diciembre de 2021, Valeria e Ian recibieron una disculpa pública por parte del Hospital Integral de la Mujer del estado de Sonora, que por primera vez llevó a cabo un acto de esta naturaleza. Entre las medidas de reparación integral que se lograron para Valeria e Ian se contemplan esquemas específicos de atención psicológica.
Nadia
Tenía 16 años cuando le diagnosticaron un embarazo de cuatro meses, producto de una violación. Debido al número de semanas de gestación, las autoridades le negaron la interrupción del embarazo. En 2019, Nadia y su familia lograron que el Tribunal Colegiado determinara que los derechos humanos de Nadia habían sido violados y ordenara una serie de medidas de reparación integral, a las cuales se dio cumplimiento durante 2021.
Karina
Tenía 13 años en 2016 cuando fue víctima de violación. Como consecuencia de dicha agresión quedó embarazada. Junto con su mamá denunció el delito y solicitó la interrupción del embarazo en el estado de Durango. Tomaron su declaración, pero nunca le hicieron saber su derecho a un aborto legal. Buscó una reparación integral y, entre otras cosas, en 2021 se le realizó el pago de la medida de compensación por parte de los servicios de salud, y se dio cumplimiento a la medida de satisfacción mediante la entrega de una disculpa pública.
Sonia
Después de varios días en labor de parto, personal médico del IMSS en el estado de Jalisco, con engaños, amenazas y condicionando la atención médica, recabó el consentimiento de Sonia para realizarle una oclusión tubaria bilateral (OTB) como método anticonceptivo permanente. Después de más de tres años, el 26 de mayo de 2021, la SCJN resolvió su caso, determinando que el consentimiento recabado por el personal de salud no era previo, libre, pleno ni informado. La Corte concluyó también que Sonia fue víctima de esterilización no consentida, violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Jessica
El 7 de julio de 2021, la SCJN discutió el caso de Jessica, una mujer con discapacidad —que en el momento de los hechos era menor de edad— a quien le fue negado el acceso a un aborto por violación, bajo el argumento de que su embarazo rebasaba el límite gestacional establecido por el Código Penal de Chiapas. La Corte resolvió que limitar la interrupción legal del embarazo para víctimas de violación es discriminatorio, en especial para quienes viven con alguna discapacidad. La sentencia en este caso sienta un precedente legal para casos similares que pudieran presentarse en el futuro. Además, podría impulsar a los seis estados del país que limitan el acceso a este servicio para modificar sus códigos penales, homologándolos con el marco normativo federal.
Pilar
En respuesta a un patrón preocupante de criminalización por aborto identificado en el estado de Aguascalientes, en septiembre lanzamos un reportaje para sumar a los esfuerzos de acompañamiento legal que llevan a cabo un conjunto de organizaciones locales. En uno de los casos acompañados, logramos que se cerrara el proceso penal en contra de una mujer llamada Pilar.
Pilar ingresó al Hospital de la Mujer en Aguascalientes para recibir atención médica por un aborto incompleto. De inmediato, el hospital dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Con el acompañamiento de GIRE, Pilar presentó una demanda de amparo por el hecho de que nadie le informó que se había abierto una investigación en su contra y que estaba detenida por el delito de aborto, cuestionando el artículo 101 del Código Penal del estado. Con base en los recientes criterios de la SCJN, una Juez concedió el amparo a Pilar, dejando claro que es inconstitucional detener a una mujer por el delito de aborto, y que la protección de la vida prenatal no puede desconocer el derecho de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. Asimismo, ordenó que la ministerio público se abstenga de investigar el delito de aborto y anule las pruebas recaudadas.